La necesaria ética pública

El consenso y el disenso son características propias de cualquier sociedad que goce de una democracia participativa en la que autoridades y ciudadanos puedan relacionarse desde una perspectiva de mutuo respeto. Esa conducta de moral pública se rige dentro de una lógica de pautas relativamente estables de relaciones sociales. No obstante, la aldea global en la que está inmersa Panamá, cada vez se aleja más de ser considerada dentro de esa aproximación sociológica. Históricamente el pueblo panameño ha liderado luchas sociales de gran trascendencia. El movimiento inquilinario de 1925, la gesta del 9 de Enero de 1964, la cruzada civilista entre 1987 y 1989, las reformas a la ley de la CSS en el 2005, y más recientemente la derogación de la Ley 30. Cada una de esas luchas recibió el apoyo de una mayoría ciudadana que, por encima de las clases sociales y la distancia regional, alzó su voz marcada por la dignidad, la convicción y el respeto en demanda de ideales compartidos. Sin embargo, paralelamente a estas conquistas en los últimos años también se han dado manifestaciones que hacen mella en el fortalecimiento de la ética pública que todos debemos compartir. Nada más recordar la reciente marcha de los educadores en demanda de conquistas válidas, pero que se perdieron en medio de la falta de respeto hacia el sistema educativo, representado por la ministra de Educación. O bien, la vociferación de consignas marcadas por epítetos ofensivos en contra de quienes se atrevieron a decir no al paro, son ejemplos de la urgente necesidad de rescatar la ética pública. Lo sucedido con los educadores es solo una muestra de la deteriorada ética cívica o de acuerdos mínimos que deben signar el conjunto de valores que comparten los miembros de una sociedad. Por otro lado, lo sucedido en la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Diputados, nos presenta más de la misma cara de esta moneda llamada sociedad panameña. Nuevamente el hemiciclo reprodujo el escenario perfecto para hacer valer el clientelismo político, por encima del debate de las ideas y el respeto ciudadano. Del mismo modo como se exige responsabilidad social a las empresas, así también debe promoverse una campaña nacional para rescatar la ética y la moral pública en el quehacer político y en la convivencia social. El colectivo nacional debe proponerse construir una ética pública como salvaguarda de la frágil democracia que estamos convocados a consolidar entre todos los panameños. El llamado de atención es hacia una clase política enferma, que está comprometiendo los valores esenciales y sembrando inestabilidad y desasosiego en el alma nacional. Se hace necesario bajar el tono de la retórica. Entender que cuando realizamos la acción de comunicar nuestras ideas, exigencias y planteamientos, estamos poniendo en común un propósito, no dividiendo. Estamos construyendo comunidades, no destruyendo sociedades. Si este principio lo tenemos claro, seremos una sociedad que en pleno siglo XXI ha conseguido —además de valores tangibles como el desarrollo económico— conservar aquellos principios intangibles como son la dignidad, el compromiso y el honor de la palabra como fundamentos esenciales de nuestra identidad nacional.